Legislación

Constitución de la Republica del Ecuador

Artículo 11.

Número 9: "Determina que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, lo cual implica la obligación estatal de adecuar formal y materialmente, las leyes y normas de inferior jerarquía a la Constitución y los instrumentos internacionales, e implementar las normas que sean necesarias para garantizar la dignidad del ser humano."

Artículo 66.

Número 19: “"El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley”."

Número 20: "El derecho a la intimidad personal y familiar.”"

Número 21: “"El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación”."

Artículo 92.

“"Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley.

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados”."

Ley Nº 184, de 10 de agosto de 1992 Especial de Telecomunicaciones (Arts. 1, 14 y 39).

Ley Nº67, de 17 de abril de 2002 de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos (Artículo 9).

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 18 de mayo de 2004.

Ley Nº 13, de 18 de octubre de 2005, de Burós de Información Crediticia (arts. 5 a 10).

Ley Nº 162, de 31 de marzo de 2010, del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.