La AAIP presidió la 49° reunión plenaria del Comité del Convenio 108 del Consejo de Europa

República Argentina

El encuentro convocó a los representantes de los Estados parte, autoridades nacionales, organismos observadores y especialistas en privacidad y protección de datos personales.

La Titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz Anchorena, en su rol de Presidente del Comité, encabezó la 49ª Reunión Plenaria del Comité del Convenio 108 del Consejo de Europa, realizada entre el 3 y el 5 de noviembre.

A lo largo de las sesiones, los Estados Parte, autoridades y expertos analizaron el estado de situación de las firmas y ratificaciones del Convenio 108+, debatieron acciones para fortalecer los flujos transfronterizos seguros de datos personales y avanzaron en la elaboración de directrices para mitigar riesgos en materia de privacidad en el contexto del desarrollo y uso de Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) y las neurotecnologías.

Además, se aprobó el Programa de Trabajo 2026-2029 con el objetivo de promover la entrada en vigor del Convenio 108+. El programa prevé, además, continuar el desarrollo de directrices en materia de neurotecnologías y LLMs, fortalecer los instrumentos para los flujos transfronterizos de datos y profundizar la cooperación internacional.

Por otra parte, durante la segunda jornada, se celebró el evento “Transparencia y privacidad en las sociedades democráticas: dos caras de la misma moneda”. Allí la Titular brindó palabras de apertura y participó del panel “Equilibrio entre transparencia y privacidad: estándares del Consejo de Europa”, que analizó la relación entre el derecho de acceso a documentos oficiales y el derecho a la protección de datos personales, a través del Convenio 108 y el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos oficiales (Convenio de Tromsø).

En ese marco, Anchorena presentó el trabajo que realiza la AAIP para administrar la tensión entre transparencia y privacidad, cómo órgano rector y autoridad de aplicación y control de la Ley 27.275 de Acceso a la Información y la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

En tal sentido, se refirió a la Caja de Herramientas para el Acceso a la Información en Archivos y Gestión Documental: un instrumento lanzado en 2023 que proporciona orientación técnica para la gestión de documentos y registros públicos, desarrollado mediante un proceso participativo con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. La herramienta promueve una buena gobernanza documental, garantizando la autenticidad, la integridad, la accesibilidad y la preservación a lo largo de todo el ciclo de vida del documento.

Asimismo, para implementar este equilibrio, la Agencia desarrolló una prueba de interés público de cuatro pasos, fundamentada en los principios de máxima divulgación y facilitación establecidos por la Ley de Acceso a la Información, y detallada en la Resolución 80/2024, bajo los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

El Convenio de Tromsø fue el primer instrumento jurídico internacional vinculante que reconoció a toda persona el derecho de acceso a los documentos oficiales que obran en poder de las autoridades públicas, sin discriminación alguna e independientemente de la condición o los motivos del solicitante. Establece normas mínimas para la tramitación rápida y justa de las solicitudes de acceso a documentos oficiales por parte de las autoridades públicas que los poseen, así como para las revisiones administrativas internas y las apelaciones ante organismos o tribunales independientes en caso de denegación de la solicitud.

Por otro lado, el Convenio 108, abierto a la firma en 1981, es el primer instrumento jurídicamente vinculante en materia de protección de datos personales. Su versión modernizada, el Convenio 108+, cuenta actualmente con 33 ratificaciones, restando 5 para su entrada en vigencia.

El Comité del Convenio 108 está compuesto por representantes de los 55 países que adhieren a las disposiciones de dicho Convenio de protección de datos personales. Además, participan como observadores otros Estados, organizaciones internacionales y entidades relevantes en materia de protección de datos personales, entre los que se encuentra OCDE, OEA, entre otros.